El sicariato juvenil y la responsabilidad penal en los menores infractores en el Cercado de Lima-Lima-2024
Abstract
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el grado de responsabilidad penal que se aplica a los menores infractores involucrados en el Sicariato juvenil en el Cercado de Lima-Lima-2024, en el marco de la legislación nacional vigente y los estándares internacionales en materia de justicia juvenil. El fenómeno del sicariato juvenil ha incrementado significativamente en los últimos años, evidenciando una problemática compleja que combina factores sociales, económicos y legales que facilitan el reclutamiento de adolescentes por organizaciones criminales. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y un nivel descriptivo, utilizando como instrumento el cuestionario y como técnica, la encuesta la cual fue ejecutada con operadores jurídicos, 20 abogados especialistas en derecho penal. Se revisaron disposiciones como el Decreto Legislativo Nº 1348 y sus modificaciones DL Nª1673-Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, así como normas internacionales contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing.Los resultados evidencian que, si bien el ordenamiento jurídico peruano prevé un régimen de responsabilidad penal especial con medidas socioeducativas e internamiento para delitos graves, existen vacíos normativos y limitaciones institucionales que dificultan una respuesta eficaz frente al sicariato juvenil. Los factores como la pobreza, la deserción escolar, la desintegración familiar y la falta de oportunidades potencian la captación de menores por organizaciones delictivas. Entre las principales conclusiones se establece que la legislación vigente resulta insuficiente para frenar la expansión del sicariato juvenil si no va acompañada de políticas integrales de prevención y rehabilitación. Se propone fortalecer la coordinación interinstitucional, establecer criterios más claros para la determinación de la responsabilidad penal de adolescentes y garantizar la aplicación efectiva de medidas socioeducativas que prioricen la reinserción social y no únicamente la sanción.
