Afectación del derecho a la salud por la contaminación hídrica derivada de la actividad minera en San Marcos, Huari, 2025

Abstract

La presente investigación titulada “Afectación del derecho a la salud por la contaminación hídrica derivada de la actividad minera en San Marcos, Huari, 2025” tiene como propósito analizar de qué manera la contaminación del agua, producto de la actividad minera desarrollada en el distrito de San Marcos, provincia de Huari, incide en la vulneración del derecho fundamental a la salud de los pobladores.Desde un enfoque jurídico, el problema se configura como una vulneración al derecho fundamental a la salud, reconocido en la Constitución Política del Perú, y también como una afectación a los derechos al agua potable y a un ambiente sano, ambos amparados por tratados internacionales de derechos humanos. Además, se advierte una omisión estatal en su deber de protección, debido a la limitada fiscalización ambiental y sanitaria, el retraso en la implementación del Registro Nacional de Personas Afectadas por Metales Pesados (Ley N. º 31189) y la escasa transparencia en la información pública sobre calidad del agua.Metodológicamente, la investigación se desarrolla bajo un diseño no experimental, de tipo descriptivo, con corte transversal y retrospectivo. Se aplicó una encuesta estructurada con escala tipo Likert a pobladores de San Marcos, a fin de recoger percepciones sobre la calidad del agua, el estado de salud y la actuación de las instituciones frente a la problemática. La información obtenida se complementó con el análisis documental de informes técnicos, normas jurídicas nacionales e internacionales, y antecedentes de casos similares en el Perú y en la región andina.Los resultados confirman la relación entre la contaminación hídrica y la afectación del derecho a la salud, así como la percepción de insatisfacción de la población respecto al acceso a agua segura, la transparencia de la información ambiental y la eficacia de las medidas estatales y empresariales. En este sentido, se evidencia la necesidad de reforzar la fiscalización ambiental, garantizar la participación comunitaria y consolidar un marco normativo eficaz que asegure la protección del agua como recurso vital y la vigencia plena del derecho a la salud.