El derecho a pensión de alimentos y vulneración al principio de celeridad procesal, como garantía constitucional, en el Distrito Judicial de Piura, 2024

Abstract

En el trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Analizar de qué manera la Vía de Control Constitucional Procesal, en su condición de garantía constitucional, influye en el ejercicio efectivo del derecho a la pensión de alimentos en el Distrito Judicial de Piura, 2024. Su metodología fue de tipo cuantitativa, nivel descriptivo y diseño no experimental, ya que busca analizar de manera objetiva la relación entre el derecho a la pensión de alimentos y la vulneración del principio de celeridad procesal en el Distrito Judicial de Piura, 2024, sin manipular variables, sino observándolas tal como se presentan en la realidad. La población está conformada por 150 abogados del Juzgado de Paz Letrado de Piura, de los cuales se seleccionó una muestra no probabilística de 50 participantes. La variable de estudio es el derecho a la pensión de alimentos y su relación con la vulneración al principio de celeridad procesal. Para la recolección de datos se utilizará la técnica de la encuesta, aplicada mediante un cuestionario estructurado que permitirá obtener información cuantificable sobre las percepciones y experiencias de los actores judiciales, asegurando la objetividad, validez y confiabilidad de los resultados. Se obtuvo como resultado que aunque la Vía de Control Constitucional Procesal constituye una garantía constitucional para proteger el derecho a la pensión de alimentos en el Distrito Judicial de Piura, 2024, su aplicación práctica presenta limitaciones que impiden una tutela efectiva. Se evidenció que los mecanismos legales existentes carecen de difusión y articulación con el control constitucional, lo que reduce su eficacia real. Asimismo, factores como la carga procesal, la falta de recursos tecnológicos y las deficiencias organizativas inciden directamente en la dilatación de los procesos, afectando el principio de celeridad procesal. Finalmente, se concluye que, si bien las reformas legales son necesarias, las soluciones tecnológicas y estructurales como la digitalización de expedientes y la modernización judicial son las que la ciudadanía percibe como más efectivas para garantizar un acceso ágil y equitativo al derecho alimentario.